La venta, producción y tráfico de sustancias consideradas como drogas , es una de las tendencias delictivas más comunes actualmente y es que día a día el uso y consumo de estas sustancias, se hace más habitual. Este uso progresivo de las drogas no es exclusivo de sectores poblacionales o países en específico sino que envuelve a la sociedad en su conjunto aunque en mayor proporción quedan afectados las generaciones más jóvenes de la comunidad quienes son más propensos a su uso y venta; por tanto la propagación de estas conductas es un serio problema a escala worldwide pues cada día crecen más las redes de narcotráfico y por tanto con mayor frecuencia aparecen los casos de personas detenidas y procesadas por este delito. Ante todo esta problemática genuine los diferentes Estados en busca de vías, métodos y mecanismos que les faciliten el Management y erradicación de estas actividades ilícitas suscriben Tratados y Convenios Internacionales en pos de la ayuda y la cooperación necesaria en diferentes campos, pero más concretamente, apoyo jurídico que les permita perseguir estos actos más allá de sus fronteras, mecanismo que se concreta a través de la Extradición.
Aunque de una forma tardía, la Directiva 2012/thirteen/UE fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 13/2015 de 5 de octubre, que modificó nuestra ley procesal penal. Si antes de la promulgación de la ley y desde la fecha límite de la trasposición, la tensión entre abogados y FFCCS se producía por la aplicabilidad o no de forma directa de la Directiva europea, ahora con la nueva ley los motivos de discusión se desplazan a la interpretación de conceptos jurídicos. En referencia al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones en sede policial, la ley introdujo el novedoso apartado 520.2.D, “Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad”. ¿Qué son los elementos esenciales? El Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de Cataluña, elaboró, en fecha 11 de febrero de 2016 (Sánchez Garcia & Vallejo Ros), un informe en relación al derecho de acceso a las actuaciones policiales durante la situación de privación de libertad para el correcto ejercicio del derecho de defensa, concluyendo que “tanto la persona detenida como su abogado tienen derecho al acceso a las actuaciones en cualquier fase del proceso penal, antes del primer interrogatorio oficial por parte de la policía o de otra autoridad, por tratarse de una información necesaria e imprescindible para poder preparar su defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento”.
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La defensa penal ante una acusación por narcotráfico constituye una tarea ardua para todo abogado penalista que opte por transitar por este campo tan tortuoso.
La extradición es el proceso mediante el cual un país solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada por un delito.
Acceder a los documentos o fuentes de prueba de las actuaciones en los que se apoye materialmente la detención, y/o check here conocer y comprobar las bases objetivas de su privación de libertad.
El equipo IJESPOL quiere agradecer públicamente que haya querido compartir de manera altruista con todos nosotros su trabajo de investigación.
Las penas por tráfico de estupefacientes en Colombia, varían según la gravedad del hecho y el tipo de sustancia involucrada. El tráfico de Estupefacientes establece penas privativas de la libertad y multas significativas, dependiendo de la cantidad y el tipo de droga.
Tras el escándalo, la Unión Europea incluyó a Panamá en una lista de países con llamados paraísos fiscales —de tributación baja u opacidad fiscal—, en tanto que organismos financieros internacionales de prevención —que exigen medidas para evitar el movimiento de dinero ilícito o que se utilice para actos de terrorismo— aumentaron su escrutinio sobre el sistema bancario y financiero del país centroamericano.
“Del señor Ovidio cuido sus pasos”: así suena el narcocorrido del principal escolta del hijo de ‘El Chapo’
- La revisión de la causa possible. La causa possible, conocida por otras nomenclaturas en los distintos ordenamientos criminales, es un concepto que website se refiere a la licitud de las acciones realizadas contra el reo, como el arresto, los registros, la incautación de bienes, y hasta el mismo levantamiento de cargos. La ausencia o la fragilidad de la causa possible deja a la acusación muy vulnerable ante los juzgadores, puesto que la ley exige la existencia de fundamentos fuertes y razonables para iniciar un proceso penal.
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Al llegar a un estacionamiento ubicado a pocos metros del recinto de justicia, aparecieron de improviso dos detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI, quienes lo detuvieron.
Los cambios también buscaban dar mayor responsabilidad a los llamados agentes residentes de esas sociedades —los abogados o firmas forenses— con el objetivo de que el país pueda responder a solicitudes de asistencia, tanto nacional como de otras jurisdicciones, sobre cualquier investigación.